El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a impulsar reformas legislativas en México tras la presentación de la Stop Fueling Cartel Violence Act en el Senado de Estados Unidos, una iniciativa que busca combatir el robo transnacional de hidrocarburos, actividad que debilita las finanzas de Pemex, reduce la recaudación fiscal del país y fortalece a organizaciones criminales. La propuesta fue introducida el 14 de mayo de 2026 por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen.
El legislador subrayó la urgencia de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en México establezcan una consulta formal para fortalecer la capacidad estatal de supervisión y combate frente a esta actividad ilícita, cuyo impacto económico se contabiliza en miles de millones de dólares anuales para las finanzas públicas mexicanas.
Qué plantea la iniciativa estadounidense
La Stop Fueling Cartel Violence Act fue presentada en el Senado de Estados Unidos el 14 de mayo de 2026 por los senadores republicano John Cornyn y demócrata Jacky Rosen. La propuesta reconoce el carácter transnacional del robo de hidrocarburos y plantea una serie de medidas orientadas al fortalecimiento de fuerzas de seguridad aliadas y al intercambio de información entre los dos países.
Las medidas contempladas en la iniciativa son de carácter no cinético, es decir, no implican intervenciones militares directas, sino que están orientadas a identificar nodos logísticos y empresas fachada que operan dentro de las cadenas de distribución ilegal de combustible. Este enfoque busca desarticular las estructuras de financiamiento criminal que se sostienen del huachicol y el tráfico de hidrocarburos a escala regional.
Las cifras del robo de combustible en México
Los datos sobre el alcance del problema ilustran la magnitud del daño que el robo de hidrocarburos genera en la economía nacional. Durante 2024, se registraron 987 millones de litros de combustible sustraído ilegalmente en México, una cifra que representa un retroceso frente a los avances registrados desde 2019, año utilizado como referencia de comparación.
La afectación en ingresos tributarios se estima en 24 millones de dólares diarios, lo que equivale a pérdidas anuales de miles de millones de dólares para la hacienda pública mexicana. A esto se suma que entre el 16 y el 27 por ciento del consumo anual de combustibles en México proviene de fuentes ilícitas, una proporción que refleja la penetración del mercado negro de hidrocarburos en el abasto cotidiano del país.
Este panorama no solo afecta los ingresos de Pemex, empresa cuya estabilidad financiera incide directamente en el presupuesto federal, sino que también alimenta a las organizaciones del crimen organizado que controlan las rutas de extracción, almacenamiento y distribución ilegal de combustible.
Las estrategias que México está desarrollando
Frente al problema del robo de hidrocarburos, México desarrolla un conjunto de estrategias para combatirlo desde distintos frentes. Entre las líneas de acción identificadas se encuentran el reforzamiento de los puntos aduanales, la implementación de marcadores químicos y sistemas de trazabilidad del combustible, así como el trabajo de inteligencia financiera para rastrear los flujos de dinero vinculados al huachicol.
El diputado Ramírez Cuéllar señaló que estas estrategias deben complementarse con ajustes legislativos que den sustento legal a los mecanismos de supervisión y permitan una coordinación más efectiva entre las instituciones responsables de la seguridad y la administración de los recursos energéticos. La posición del legislador apunta a que la cooperación bilateral propuesta por la iniciativa estadounidense requiere, del lado mexicano, un marco normativo actualizado para que las acciones conjuntas puedan materializarse.
Qué está confirmado y qué falta por precisar
Está confirmada la presentación de la Stop Fueling Cartel Violence Act en el Senado de Estados Unidos el 14 de mayo de 2026, así como la autoría de los senadores Cornyn y Rosen. También están confirmados los datos sobre el volumen de combustible sustraído, el impacto fiscal diario estimado y el porcentaje del consumo nacional que proviene de fuentes ilícitas. Igualmente confirmada es la posición del diputado Ramírez Cuéllar sobre la necesidad de reformas legislativas en México y la consulta entre poderes.
Lo que permanece sin confirmar hasta el momento incluye la posición oficial del gobierno mexicano y de Pemex respecto a la propuesta estadounidense, los detalles específicos de los ajustes legislativos que plantea el diputado Ramírez Cuéllar, así como el cronograma o plazos concretos para las reformas que se sugieren. Tampoco se cuenta con una respuesta pública de los senadores Cornyn y Rosen sobre la recepción de su iniciativa en México.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Stop Fueling Cartel Violence Act?
Es una iniciativa legislativa presentada el 14 de mayo de 2026 en el Senado de Estados Unidos por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen. Busca combatir el robo transnacional de hidrocarburos mediante el fortalecimiento de fuerzas de seguridad aliadas, el intercambio de información y la identificación de nodos logísticos y empresas fachada vinculadas al tráfico ilegal de combustible.
¿Cuánto combustible se robó ilegalmente en México en 2024?
Durante 2024 se registraron 987 millones de litros de combustible sustraído ilegalmente. La afectación fiscal diaria estimada es de 24 millones de dólares, y se calcula que entre el 16 y el 27 por ciento del consumo anual de combustibles en el país proviene de fuentes ilícitas.
¿Qué pide el diputado Ramírez Cuéllar ante esta propuesta?
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar urge a impulsar reformas legislativas en México y exige una consulta formal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para fortalecer la capacidad del Estado en materia de supervisión y combate al robo de hidrocarburos, de forma que México pueda articular una respuesta coordinada ante la propuesta binacional.
La presentación de la iniciativa estadounidense coloca el combate al robo de hidrocarburos en la agenda de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, y pone presión sobre el marco legislativo mexicano para que la supervisión de los recursos energéticos y la persecución de las redes criminales vinculadas al huachicol cuenten con instrumentos normativos actualizados y eficaces.
