La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para crear la Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario, con el objetivo de fortalecer la defensa del patrimonio de las familias mexicanas frente a fraudes, falsificación de documentos y redes organizadas dedicadas al despojo de bienes raíces. La propuesta fue impulsada por la diputada federal Elena Edith Segura Trejo y responde al incremento de casos de despojo registrados en diversas entidades del país.
La iniciativa contempla una serie de mecanismos institucionales y registros nacionales orientados a detectar y bloquear operaciones sospechosas antes de que se consumen irregularidades en la situación jurídica de los inmuebles. La propuesta también plantea reforzar la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y destinar mayores recursos a las fiscalías para la atención de estos delitos.
Qué propone la iniciativa legislativa
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de una Alerta Inmobiliaria Nacional, un mecanismo diseñado para notificar de manera inmediata a los propietarios cuando se detecte cualquier intento de modificar la situación jurídica de sus bienes. Esta herramienta busca que los dueños legítimos tengan conocimiento en tiempo real de gestiones que no hayan autorizado.
La iniciativa también contempla el establecimiento de bloqueos registrales preventivos, una figura que permitiría congelar trámites considerados sospechosos dentro de los registros públicos de la propiedad, con el fin de detener el avance de operaciones fraudulentas antes de que adquieran validez legal.
Otro instrumento que propone la ley es la creación de un Registro Nacional de Operaciones Inmobiliarias de Riesgo, que funcionaría como una base de datos centralizada para identificar patrones, personas y redes vinculadas al despojo inmobiliario en todo el territorio nacional.
Además, la propuesta incluye el incremento del presupuesto destinado a las fiscalías para que estas instituciones puedan crear unidades especializadas en la atención de delitos patrimoniales, con personal y recursos suficientes para investigar y perseguir este tipo de conductas de forma sistemática.
Las cifras que sustentan la propuesta
La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido de las denuncias por despojo inmobiliario en el país. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registró más de 20 mil carpetas de investigación abiertas por este delito entre 2020 y abril de 2026, lo que representa una carga considerable para el sistema de justicia capitalino.
En el caso del Estado de México, durante 2025 se registraron 5 mil 594 denuncias relacionadas con despojo, una cifra que refleja la magnitud del problema más allá de la capital del país. Estos datos forman parte del diagnóstico que sustenta la necesidad de contar con un marco jurídico específico y de alcance nacional para enfrentar el fenómeno.
Coordinación institucional como parte del modelo
La propuesta busca, además de los mecanismos directos de protección, fortalecer la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales en la atención del despojo inmobiliario. La lógica detrás de este punto es que los delitos patrimoniales de esta naturaleza con frecuencia involucran operaciones que atraviesan distintas jurisdicciones y requieren respuestas articuladas entre diferentes instancias de gobierno.
La diputada Elena Edith Segura Trejo, impulsora de la iniciativa dentro de la bancada de Morena, planteó esta arquitectura institucional como una respuesta integral que no solo reactive al delito una vez cometido, sino que permita prevenirlo desde los registros públicos y los sistemas de notificación.
Qué se sabe hasta ahora y qué falta por confirmar
Hasta el momento de la presentación de la iniciativa, no se ha informado sobre el estado actual del proceso legislativo ni sobre una fecha prevista para su votación o aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados. Tampoco se han dado a conocer los montos específicos de incremento presupuestal que se destinarían a las fiscalías para la creación de las unidades especializadas contempladas en la propuesta.
Asimismo, no se cuenta con información confirmada sobre la posición de otros grupos parlamentarios respecto a la iniciativa, lo que hace que el panorama sobre su viabilidad y posible aprobación permanezca abierto por ahora.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario?
Es una iniciativa legislativa presentada por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados que busca crear un marco jurídico nacional para proteger el patrimonio de las familias mexicanas frente al despojo de viviendas, fraudes documentales y redes organizadas dedicadas a este delito.
¿Quién presentó la iniciativa?
La propuesta fue impulsada por la diputada federal Elena Edith Segura Trejo, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
¿Cuántos casos de despojo se han registrado en México?
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió más de 20 mil carpetas de investigación por despojo entre 2020 y abril de 2026. En el Estado de México, durante 2025 se registraron 5 mil 594 denuncias por este delito.
¿La ley ya fue aprobada?
No. Se trata de una iniciativa en proceso legislativo. Hasta ahora no se ha informado sobre fecha de votación ni sobre su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados.
¿Qué es la Alerta Inmobiliaria Nacional?
Es uno de los mecanismos propuestos dentro de la iniciativa. Funcionaría como un sistema de notificación inmediata para alertar a los propietarios de inmuebles cuando se detecte cualquier intento de modificar la situación jurídica de sus bienes sin su autorización.
La iniciativa de la bancada de Morena abre un debate legislativo sobre la necesidad de instrumentos institucionales específicos para atender el despojo inmobiliario en México, un fenómeno que acumula decenas de miles de denuncias en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, y que hasta ahora no cuenta con una ley general que lo regule de forma integral a nivel nacional.
