Organizaciones que atienden a mujeres violentadas, infancias y personas con discapacidad exigen al Gobierno de Nuevo León la liberación de recursos pendientes de 2025 y claridad sobre las convocatorias de 2026.
Monterrey, Nuevo León.— La continuidad de programas sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad en Nuevo León podría verse comprometida ante la falta de certeza financiera para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que operan en el estado, alertaron representantes del sector mediante un comunicado conjunto. Las agrupaciones señalaron que algunas de ellas todavía esperan recibir la totalidad de los recursos correspondientes a 2025, mientras que para 2026 permanecen pendientes los resultados de una convocatoria y la emisión de otras contempladas dentro del Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
En este artículo
| Indicador | Cifra |
|---|---|
| Presupuesto del programa 2025 | 229 millones 459 mil 934 pesos |
| Presupuesto del programa 2026 | 229 millones 459 mil 934 pesos (reconducción) |
| Donatarias autorizadas en NL | 633 organizaciones |
| Posición nacional en donatarias | 4° lugar |
| Personas empleadas en el sector | Más de 21 mil trabajadores |
Sectores vulnerables en riesgo por incertidumbre financiera
La situación genera preocupación debido a que las organizaciones de la sociedad civil desarrollan proyectos enfocados en sectores que requieren atención permanente. Entre los grupos poblacionales que podrían verse afectados por la falta de recursos se encuentran:
- Mujeres en situación de violencia, quienes reciben acompañamiento, refugio y asesoría legal
- Niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad social
- Personas con discapacidad que requieren servicios especializados de rehabilitación e inclusión
- Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad extrema
Las agrupaciones también trabajan en la defensa de derechos humanos y en la generación de oportunidades para comunidades que requieren acompañamiento especializado. La interrupción del financiamiento pondría en riesgo programas que han operado de manera continua durante años, atendiendo necesidades que no pueden suspenderse fácilmente sin afectar directamente a miles de beneficiarios en todo el estado.
En Nuevo León existen 633 donatarias autorizadas, cifra que coloca al estado en el cuarto lugar nacional en número de organizaciones con estatus fiscal para recibir donativos deducibles de impuestos. Esta posición refleja la importancia del sector social organizado en la entidad y su papel como complemento de las políticas públicas gubernamentales.
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Presupuesto del programa y reconducción 2026
Para el Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil se contemplaron 229 millones 459 mil 934 pesos en el presupuesto estatal de 2025. Este monto se mantiene para 2026 debido a la reconducción presupuestal aprobada por el Congreso de Nuevo León, aunque las organizaciones aún enfrentan incertidumbre respecto a la distribución y entrega efectiva de los recursos correspondientes a este ejercicio fiscal.
La reconducción presupuestal implica que el gobierno estatal opera con el mismo presupuesto del año anterior mientras se aprueba un nuevo marco de egresos. Sin embargo, esta situación administrativa no garantiza automáticamente que los recursos fluyan hacia las organizaciones beneficiarias en los tiempos y formas establecidos en las reglas de operación del programa.
Dato clave: Más de 21 mil personas laboran en el sector de organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León, lo que convierte a estas agrupaciones en un importante empleador dentro de la economía social del estado.
Las OSC señalaron que algunas organizaciones todavía esperan recibir la totalidad de los recursos que les fueron asignados durante 2025, lo que ha generado problemas de flujo de efectivo para mantener sus operaciones. Esta deuda acumulada se suma a la incertidumbre sobre cuándo se publicarán los resultados de las convocatorias correspondientes a 2026 y cuándo se emitirán las demás convocatorias previstas en las reglas del programa.
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Impacto directo en la población beneficiaria
La preocupación de las organizaciones no se limita a sus propias finanzas institucionales. Los representantes del sector advirtieron que la falta de financiamiento puede repercutir directamente en los servicios y proyectos que ofrecen a la población. Los programas sociales operados por las OSC funcionan como una red de protección para sectores que el Estado no siempre puede atender de manera directa o especializada.
De acuerdo con las organizaciones, la planeación de sus actividades requiere conocer con anticipación las reglas, convocatorias y recursos disponibles. Esto se debe a que muchos de sus programas tienen una operación continua y atienden necesidades que no pueden suspenderse fácilmente sin afectar a los beneficiarios.
Entre los servicios que podrían verse comprometidos se encuentran:
- Refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos
- Comedores comunitarios para familias en situación de pobreza
- Centros de rehabilitación para personas con discapacidad
- Programas de educación y capacitación para comunidades marginadas
- Servicios de acompañamiento legal y defensa de derechos humanos
- Atención psicológica para poblaciones vulnerables
La suspensión o reducción de estos servicios tendría un impacto inmediato en miles de personas que dependen de ellos para cubrir necesidades básicas o salir de situaciones de riesgo. Las organizaciones advirtieron que la incertidumbre administrativa podría traducirse en un deterioro de las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad neoleonesa.
Exigencias de las organizaciones al gobierno estatal
Ante este escenario, representantes de la sociedad civil hicieron un llamado formal al Gobierno de Nuevo León, así como a la Secretaría de Igualdad e Inclusión y a la Tesorería estatal, para que se tomen acciones inmediatas que resuelvan la crisis de financiamiento que enfrentan las organizaciones.
Las demandas específicas de las OSC incluyen:
- Concluir la entrega de los recursos comprometidos durante el ejercicio fiscal 2025
- Publicar los resultados de la convocatoria correspondiente a 2026
- Emitir las demás convocatorias previstas en las reglas del programa
- Establecer un calendario claro de entrega de recursos para el presente ejercicio
Las organizaciones también solicitaron a los diputados locales que intervengan para exigir al Ejecutivo estatal la entrega de los recursos pendientes a las ONG. El llamado busca que el Poder Legislativo ejerza su función de vigilancia sobre el cumplimiento del presupuesto aprobado y las obligaciones del gobierno con el sector social.
Llamado a garantizar certidumbre institucional
Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el cumplimiento de las disposiciones legales permitiría recuperar certeza para la operación de los proyectos y fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas y la sociedad civil. El exhorto plantea que contar con reglas claras y recursos definidos no solamente beneficia a las organizaciones, sino que permite mantener programas que atienden directamente a sectores vulnerables.
La relación entre el gobierno estatal y las OSC se ha caracterizado históricamente por una colaboración que complementa las acciones gubernamentales en materia social. Sin embargo, las agrupaciones advirtieron que esta relación institucional se ve debilitada cuando no existe certeza sobre los recursos y las reglas del juego.
Las agrupaciones insistieron en la necesidad de garantizar la continuidad del apoyo institucional y evitar que la incertidumbre administrativa termine afectando los servicios que actualmente reciben miles de personas en Nuevo León. El llamado tiene como objetivo que el gobierno estatal asuma su responsabilidad de financiar los programas sociales comprometidos y que establezca mecanismos claros para la entrega oportuna de recursos.
Contexto: El Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil es el principal instrumento mediante el cual el Gobierno de Nuevo León canaliza recursos a las organizaciones que trabajan en temas sociales. Su correcta operación es fundamental para mantener la red de protección social que complementa las acciones gubernamentales directas.
Datos clave sobre las OSC en Nuevo León
El sector de las organizaciones de la sociedad civil representa un componente importante de la estructura social y económica de Nuevo León. Las 633 donatarias autorizadas que operan en el estado constituyen un ecosistema diverso de agrupaciones dedicadas a atender problemáticas que van desde la violencia de género hasta la pobreza extrema, pasando por la discapacidad y la defensa de derechos humanos.
El hecho de que Nuevo León ocupe el cuarto lugar nacional en número de donatarias autorizadas refleja la madurez del sector en la entidad y la tradición de participación ciudadana organizada que caracteriza al estado. Esta posición también implica una mayor responsabilidad del gobierno estatal para garantizar que estas organizaciones cuenten con los recursos necesarios para operar de manera sostenible.
Los más de 21 mil empleos que genera el sector representan no solo una contribución al mercado laboral, sino también la existencia de profesionales especializados en atención social que difícilmente podrían ser absorbidos por las estructuras gubernamentales en caso de que las organizaciones dejaran de operar. La desaparición o reducción de estas plazas laborales tendría un impacto adicional en la economía local y en la capacidad del estado para atender las necesidades de los sectores vulnerables.
La crisis de financiamiento que enfrentan las OSC en Nuevo León pone de manifiesto la fragilidad de un modelo de colaboración que depende de la voluntad política y la eficiencia administrativa del gobierno en turno. Las organizaciones llamaron a establecer mecanismos institucionales más robustos que garanticen la continuidad de los recursos independientemente de los cambios en la administración pública o las coyunturas presupuestales.
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