Órganos autónomos denuncian que el Gobierno de Nuevo León condiciona recursos y los obliga a operar con el presupuesto de 2025.
Los Poderes y organismos autónomos de Nuevo León exigieron al Gobierno del Estado la entrega completa y puntual de sus recursos presupuestales, luego de que la administración estatal reportara 8 mil 842 millones de pesos disponibles en bancos mientras las instituciones operan con cifras del ejercicio 2025. La falta de un presupuesto 2026 actualizado mantiene a la administración pública bajo reconducción presupuestal, afectando la planeación financiera de al menos ocho instituciones que dependen de esos recursos para cumplir sus funciones constitucionales.
En este artículo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Recursos en bancos del Ejecutivo | $8,842 millones de pesos |
| Instituciones afectadas | 8 órganos autónomos y poderes |
| Presupuesto vigente | Reconducción del ejercicio 2025 |
| Año sin presupuesto actualizado | 2026 |
Ejecutivo acumula recursos mientras órganos esperan
A través de un comunicado conjunto, los Poderes y organismos autónomos rechazaron que el dinero disponible en sus cuentas bancarias sea un fondo sobrante. Las instituciones explicaron que la presencia de fondos al cierre del segundo trimestre responde al pago de obligaciones ya adquiridas, incluyendo nóminas, proveedores, impuestos y contratos vigentes necesarios para mantener sus operaciones.
Los reportes oficiales citados por las instituciones muestran que el Poder Ejecutivo cuenta con 8 mil 842 millones de pesos en bancos. Con esa cifra, señalaron, la administración estatal podría cubrir el presupuesto anual completo de la Fiscalía General de Justicia, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral, el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cerca de la mitad del Poder Judicial.
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Ocho instituciones afectadas por la reconducción
Las instituciones que firmaron el comunicado aclararon que no solicitan recursos por tener cuentas en cero, sino para garantizar la continuidad de sus funciones constitucionales. Tener liquidez, explicaron, no implica contar con recursos libres para financiar la segunda mitad del año.
El Nuevo León opera durante 2026 bajo la reconducción del presupuesto aprobado para 2025, por lo que permanece pendiente la actualización correspondiente. Esta situación obliga a las dependencias a planear con cifras que no reflejan las necesidades ni la inflación del año en curso, generando tensión financiera en áreas críticas como justicia, transparencia y derechos humanos.
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Reclamo: condicionan liquidez, no disciplina financiera
Los órganos autónomos advirtieron que condicionar la entrega de participaciones a la pérdida de liquidez institucional afecta la administración responsable. En su pronunciamiento, fueron contundentes sobre lo que consideran una transferencia de responsabilidades:
“Pretender que una institución agote primero su liquidez para después recibir las ministraciones que le corresponden no es disciplina financiera: es trasladar a los Poderes y organismos autónomos el costo de la indisciplina financiera de quien tiene la obligación de recaudar y ministrar los recursos.”
Las instituciones remarcaron que la discusión real consiste en recibir las ministraciones a tiempo para cumplir sus obligaciones legales, en lugar de juzgar el saldo de sus cuentas. El dinero disponible, insistieron, responde a gastos programados y no a excedentes presupuestales o recursos ociosos.
Qué sigue: presupuesto 2027 también en riesgo
El conflicto presupuestal en Nuevo León se extiende más allá de 2026. El Congreso del Estado ya advirtió sobre trabas para la aprobación del presupuesto 2027 debido a la falta de tesorero estatal, lo que podría prolongar la crisis de reconducción presupuestal por segundo año consecutivo si no se resuelve la situación antes del cierre del ejercicio fiscal.
La próxima fecha crítica será la presentación del paquete económico 2027 ante el Congreso local, donde se espera que los órganos autónomos presionen para que sus asignaciones reflejen las necesidades reales y no dependan de la voluntad del Ejecutivo para liberar los recursos aprobados por el Legislativo.
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