Un tribunal federal de apelaciones rechazó la petición del Gobierno del presidente Donald Trump para impedir que California contabilice unos 20.000 votos por correo de personas cuya ciudadanía estadounidense está en duda, según una lista elaborada por la Administración federal.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito tomó la decisión el lunes 26 de octubre, por dos votos contra uno. Los jueces consideraron que no podían intervenir antes de que un tribunal de primera instancia examinara la solicitud del Gobierno.
El fallo no resuelve el fondo de la demanda ni determina si las personas incluidas en la lista tienen derecho a votar. El caso regresó al tribunal inferior, que tiene prevista una audiencia para este martes 27 de octubre.
¿Por qué Trump busca apartar los votos por correo?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a las autoridades electorales de California para que aparten temporalmente las papeletas vinculadas con unas 20.000 personas que el Gobierno considera posibles no ciudadanas.
La Administración sostiene que California incumplió un plazo de 48 horas para revisar los nombres de una lista federal. Por ello, solicita que los votos relacionados con esas personas no se contabilicen hasta verificar su ciudadanía.
En Estados Unidos, las personas que no son ciudadanas no pueden votar en las elecciones federales. Sin embargo, la inclusión de alguien en la lista del Gobierno no demuestra por sí sola que esa persona carezca de ciudadanía o haya cometido una infracción.
Las autoridades de California han cuestionado la fiabilidad de los datos y la metodología utilizada para elaborar la lista. También advierten que apartar las papeletas sin una verificación adecuada podría impedir que ciudadanos estadounidenses ejerzan su derecho al voto.
¿Por qué el tribunal rechazó la petición del Gobierno?
El Noveno Circuito consideró que el Gobierno federal acudió al tribunal de apelaciones antes de dar tiempo suficiente al juez de primera instancia para resolver su solicitud.
Un tribunal de apelaciones revisa determinadas decisiones de jueces inferiores. En este caso, los magistrados señalaron que todavía no existía una resolución de primera instancia que justificara la intervención solicitada por el Gobierno.
Durante una audiencia celebrada el domingo 25 de octubre, los jueces también plantearon dudas sobre la autoridad del Ejecutivo federal para exigir que California apartara las papeletas y sobre la posible afectación de las competencias del estado para organizar sus elecciones.
El juez Mark Bennett, nombrado por Trump, y el juez Gabriel Sánchez, designado por el expresidente Joe Biden, votaron contra la petición. El juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, discrepó y defendió la necesidad de impedir que se contabilicen votos de personas que no cumplan los requisitos legales.
California cuestiona la lista de votantes
El Gobierno federal sostiene que las autoridades estatales no revisaron los nombres dentro del plazo solicitado. California, por su parte, ha señalado que la lista contiene posibles errores y ha cuestionado la información utilizada para identificar a las personas cuya ciudadanía se pone en duda.
El desacuerdo tiene consecuencias para el proceso electoral porque California envía papeletas por correo a sus votantes registrados. Apartar miles de votos antes de verificar la situación de cada persona podría afectar a ciudadanos que sí cumplen los requisitos para participar.
La demanda del Departamento de Justicia busca que las papeletas se mantengan separadas hasta confirmar la ciudadanía de las personas identificadas. California sostiene que la petición plantea problemas legales y operativos para la administración de las elecciones.
¿Qué sigue en el caso?
La decisión del Noveno Circuito devuelve el asunto al tribunal de primera instancia, que tiene programada una audiencia para el 27 de octubre.
El juez deberá examinar la petición del Departamento de Justicia y decidir si corresponde ordenar que se aparten temporalmente las papeletas mientras se verifica la ciudadanía de las personas señaladas.
La resolución de apelación no decide si el Gobierno federal tiene razón en sus acusaciones ni si las autoridades de California incumplieron la ley. Esa cuestión continúa pendiente de revisión judicial.
El caso se desarrolla antes de las elecciones legislativas federales del 3 de noviembre, en las que se renovarán escaños del Congreso estadounidense.
