En este artículo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Reunión de gobernadores | Noviembre de 2021 |
| Estados involucrados | Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas |
| Años sin implementar acuerdos | 5 años |
| Compromisos de 2021 | Padrones vehiculares, tecnología de placas, coordinación |
Los acuerdos de 2021 que quedaron en papel
En noviembre de 2021, el entonces recién electo Samuel García, junto con los gobernadores Miguel Ángel Riquelme de Coahuila y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, se reunieron para abordar la seguridad regional del noreste mexicano.
Los compromisos fueron claros: actualizar los padrones vehiculares, fortalecer la tecnología para detectar placas y establecer mayor coordinación entre las tres entidades. Los mandatarios reconocieron que la movilidad de vehículos entre los estados exigía intercambio de información y sistemas compartidos.
Cinco años después, ninguno de esos compromisos se materializó en acciones concretas. En su lugar, el Gobierno de Nuevo León propone ahora un Pase Turístico que traslada al ciudadano la responsabilidad que las instituciones no cumplieron.
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El noreste funciona como una sola región
La realidad de miles de habitantes del noreste contradice la lógica del Pase Turístico. Todos los días, trabajadores, estudiantes, comerciantes, proveedores, pacientes y familias cruzan las fronteras administrativas entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Una persona que vive en Saltillo y trabaja en Monterrey no se considera turista. Un estudiante tamaulipeco que acude a universidades regiomontanas tampoco. Una familia que cruza la frontera estatal por razones médicas, mucho menos.
“El funcionario ve una placa foránea; el ciudadano ve su vida cotidiana.”
El noreste mexicano opera como una región económica y socialmente integrada. Las ciudades crecieron, las economías se entrelazaron y las personas aprendieron a moverse sin respetar líneas administrativas que solo existen en los mapas burocráticos.
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¿Por qué el ciudadano debe hacer el trabajo del gobierno?
Nadie cuestiona el derecho de un gobierno a procurar seguridad, identificar vehículos y mejorar sus mecanismos de control. El problema radica en el método elegido para alcanzar ese objetivo.
Si ya existen cámaras de vigilancia, lectores de placas, bases de datos, sistemas de inteligencia y antecedentes de coordinación interestatal, ¿por qué la solución debe comenzar con un trámite que recae sobre el ciudadano?
Los gobiernos de 2021 dijeron que actualizarían padrones y compartirían tecnología. Durante cinco años, esa promesa no se concretó. Ahora, quien paga las consecuencias de esa omisión institucional es el conductor que cruza diariamente entre estados por motivos laborales, educativos o familiares.
El silencio de Coahuila y Tamaulipas
Mientras Nuevo León legisla, reglamenta y prepara la aplicación del Pase Turístico, la respuesta institucional de Coahuila y Tamaulipas ha sido llamativamente discreta.
Los congresos estatales de ambas entidades no han emitido posicionamientos formales. Los gobernadores que públicamente presumen fraternidad regional y amistad compartida no han cuestionado una medida que afecta directamente a sus ciudadanos.
Tampoco los alcaldes de municipios fronterizos con Nuevo León han alzado la voz para defender los intereses de quienes diariamente necesitan cruzar hacia Monterrey y su zona metropolitana. La ausencia de coordinación que debió existir desde 2021 se replica ahora en la falta de una respuesta conjunta.
La desconexión entre gobierno y ciudadanía
El verdadero problema de fondo es la distancia entre lo que ve el gobierno y lo que vive la gente. El funcionario ve una frontera estatal; el ciudadano, una ciudad a la que necesita llegar. El funcionario ve un registro; el ciudadano, un trámite más que complica su rutina.
Esa brecha debería preocupar más que la disputa partidista alrededor del Pase Turístico. Las medidas que inevitablemente resultarán recaudatorias generan angustia e incertidumbre entre miles de personas que no eligieron vivir en un estado y trabajar o estudiar en otro por capricho.
El Congreso de Nuevo León tiene previsto continuar el proceso legislativo durante las próximas semanas. La fecha límite que el alcalde de Guadalupe ha señalado para alcanzar un consenso metropolitano es el 21 de octubre de 2026, lo que deja aproximadamente un mes para que los gobiernos del noreste definan si finalmente coordinarán esfuerzos o cada entidad seguirá actuando por su cuenta.
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