Habitantes de Guadalajara, Jalisco, volvieron a manifestarse el domingo 18 de octubre para exigir agua limpia y rechazar los racionamientos del suministro. La jornada terminó con destrozos en edificios públicos y cinco personas detenidas, según informó el gobernador Pablo Lemus.
La movilización ocurrió una semana después de otra protesta por la crisis hídrica, que dejó decenas de detenciones y abrió investigaciones contra policías por presunto uso excesivo de la fuerza.
La crisis se agravó con el inicio, el 15 de octubre, del programa de rotación del servicio de agua del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa). El esquema contempla ajustes en el suministro para 627 colonias del área metropolitana y está previsto hasta marzo de 2027.
¿Por qué volvieron a protestar por el agua en Guadalajara?
Los vecinos denuncian que desde principios de 2026 reciben agua de color negro o café, con olores que describen como similares al drenaje o al óxido. También reportan interrupciones del servicio y gastos adicionales para conseguir agua embotellada.
Rodrigo Peña, habitante de Guadalajara, declaró que pasó hasta cuatro días sin agua durante la última semana. La situación lo obligó a comprar garrafones para cubrir necesidades básicas, como bañarse, usar el sanitario y cocinar.
Juan Carlos Montes, vecino de Zapopan, también señaló que los cortes son cada vez más prolongados. Además, afirmó que el agua llega en peores condiciones y deja residuos de sarro en las llaves.
Los manifestantes exigieron una alerta sanitaria ante los problemas gastrointestinales, dermatológicos y oculares que atribuyen al agua. Sin embargo, la relación entre esos padecimientos y el suministro requiere confirmación de las autoridades sanitarias.
¿Qué se sabe sobre la calidad del agua?
El Gobierno de Jalisco explicó que suspendió las aportaciones de la presa Las Pintas y del antiguo sistema de abastecimiento de Chapala debido a problemas de calidad. La decisión redujo el volumen disponible y llevó a implementar la rotación del suministro.
El plan del Siapa contempla periodos de baja presión y posibles interrupciones en las colonias incluidas. El programa se distribuye en siete zonas y su calendario permite consultar los días previstos para cada sector.
Las denuncias ciudadanas también incluyen resultados de monitoreos independientes. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), junto con otros participantes, reportó deficiencias de cloración y presencia de contaminantes en muestras de agua recolectadas en distintos puntos.
En abril, un monitoreo difundido por N+ documentó hallazgos de metales pesados y contaminación de origen fecal en muestras de las colonias El Sauz, en Guadalajara, y Zalatitán, en Tonalá. Esos resultados corresponden a sitios específicos y no permiten concluir que toda el agua de la zona metropolitana presente las mismas condiciones.
Cinco detenidos tras los destrozos en edificios públicos
El gobernador Pablo Lemus afirmó que la movilización comenzó de manera pacífica y que los propios ciudadanos apartaron del contingente a personas que, según su versión, intentaron provocar enfrentamientos.
Sin embargo, señaló que alrededor de 300 personas permanecieron en la zona al finalizar la protesta y causaron daños en edificios públicos. Según su declaración, el grupo rompió vidrios, derribó cámaras de seguridad y lanzó petardos y bombas molotov.
Lemus informó que cinco personas fueron detenidas. Aseguró que viajaban en una camioneta reportada como robada y que transportaban bidones con gasolina. Las autoridades investigan su presunta participación en los hechos.
La versión del gobernador no agota la controversia sobre lo ocurrido. Organizadores de las movilizaciones han cuestionado la actuación policial en las protestas y denunciado intentos de desacreditar el reclamo ciudadano. Las responsabilidades por los destrozos y las posibles irregularidades deben establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Las protestas también cuestionan la respuesta policial
La movilización del 18 de octubre ocurrió siete días después de una primera protesta que terminó con decenas de detenciones. Según el balance oficial citado por EFE, aquella jornada dejó 39 personas detenidas.
La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que investiga a 17 policías por presunto uso excesivo de la fuerza durante esa primera movilización.
La actuación de los cuerpos de seguridad se convirtió así en otro punto de conflicto. Los manifestantes reclaman respuestas a la crisis del agua y garantías para ejercer su derecho a la protesta.
Vecinos rechazan un esquema con participación privada
Además de exigir agua potable y el fin de los racionamientos, los manifestantes rechazaron el esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO) para infraestructura hídrica.
La propuesta contempla participación privada en proyectos de agua durante periodos que podrían alcanzar los 25 años. Sus detractores temen que el modelo abra la puerta a una mayor intervención de empresas privadas en la gestión del servicio.
Lemus ha negado que el esquema implique privatizar el agua. El viernes anterior, el gobernador afirmó que buscaba un acuerdo de inversión con el Gobierno federal para construir un acueducto que sustituya al actual sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara.
Mientras continúa el debate sobre las soluciones de infraestructura, los habitantes mantienen sus exigencias sobre la calidad del agua, la continuidad del servicio y la actuación de las autoridades.
