Los detenidos enfrentarán el proceso en libertad por presuntas lesiones y delitos contra la autoridad. El caso ocurre mientras investigan a 17 policías por posible uso excesivo de la fuerza durante la movilización.
Un juez vinculó a proceso a cuatro hombres detenidos durante una protesta por agua contaminada en Guadalajara, Jalisco. La movilización ocurrió el domingo pasado frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
Los acusados enfrentarán cargos por presuntas lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Sin embargo, seguirán el proceso en libertad y deberán cumplir medidas cautelares, entre ellas presentarse periódicamente ante los juzgados.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización que representa a los detenidos, cuestionó la resolución judicial. La agrupación afirmó que la decisión omitió pruebas presentadas por la defensa y calificó el caso como una criminalización de la protesta social.
¿Quiénes son los cuatro manifestantes procesados?
Los hombres vinculados a proceso son Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez.
De acuerdo con el Cepad, los cuatro fueron detenidos por policías durante la protesta del domingo. La organización pidió que se retiren los cargos y sostuvo que manifestarse para defender el derecho al agua no debe convertirse en motivo de persecución penal.
La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. En esta etapa, un juez determina si existen datos de prueba suficientes para que continúe la investigación penal contra las personas imputadas.
¿Qué ocurrió durante la protesta por agua contaminada?
El domingo, alrededor de 10.000 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara se manifestaron para exigir respuestas por el agua contaminada que, según denunciaron, llega a sus hogares.
La movilización tuvo lugar frente a Casa Jalisco. De acuerdo con cifras oficiales citadas en el reporte de EFE, las autoridades detuvieron a 39 personas durante el operativo policial.
Los manifestantes se encontraron con policías antimotines, quienes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua. También se denunciaron agresiones físicas durante la intervención.
El lunes, el gobernador Pablo Lemus defendió inicialmente la actuación policial. Señaló que los agentes habían respondido a un supuesto grupo de choque que, según su versión, provocó un enfrentamiento.
No obstante, un día después reconoció deficiencias y errores en el operativo. También admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, y anunció una investigación.
Investigan a policías por posible uso excesivo de la fuerza
El jueves, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías estatales eran investigados por su presunta participación en actos de uso excesivo de la fuerza durante la protesta.
Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación por los posibles abusos policiales. La Secretaría de Gobernación también participa en las actuaciones relacionadas con el caso.
Las investigaciones buscan esclarecer la actuación de los agentes durante la movilización y determinar posibles responsabilidades.
El caso abre un debate sobre el derecho a la protesta
La resolución contra los cuatro manifestantes se produjo mientras avanzan las investigaciones sobre el operativo policial. El Cepad sostiene que la decisión judicial afecta el derecho a la protesta y cuestiona que se hayan desestimado pruebas de la defensa.
Por su parte, las autoridades deberán esclarecer tanto los hechos atribuidos a los acusados como las posibles irregularidades cometidas durante las detenciones.
El caso mantiene en el centro del debate dos asuntos: las demandas ciudadanas por la calidad del agua y la obligación de las autoridades de garantizar el derecho a manifestarse sin abusos.
