El profesorado de la Universidad de Cornell, en Nueva York, aprobó una moción de censura simbólica contra la administración central por su manejo de una denuncia de agresión sexual presentada por una antigua estudiante.
La resolución sostiene que el Senado del Profesorado no confía en la capacidad de las autoridades universitarias para atender la crisis de agresiones sexuales dentro del campus.
La votación concluyó con 75 votos a favor, 50 en contra, cinco abstenciones y cinco integrantes que no participaron. La medida no tiene consecuencias directas sobre los cargos universitarios ni solicita la destitución del presidente de Cornell, Michael I. Kotlikoff.
¿Por qué el profesorado cuestiona a la dirección de Cornell?
La controversia comenzó tras una demanda presentada por una antigua estudiante identificada bajo el seudónimo Jane Doe.
En la denuncia, la mujer acusa a siete estudiantes de haberla agredido sexualmente durante una reunión en una casa de la fraternidad Chi Phi, en octubre de 2024. También sostiene que la universidad no investigó adecuadamente lo ocurrido ni atendió sus denuncias.
Los siete hombres señalados niegan las acusaciones, según reportes de medios estadounidenses. Hasta ahora, no se han presentado cargos penales contra ellos.
El caso generó críticas sobre la actuación de la policía del campus y la respuesta de las autoridades universitarias. La investigación interna de Cornell derivó en sanciones disciplinarias para algunos estudiantes, aunque la respuesta institucional no logró cerrar la controversia.
La moción no destituye al presidente de Cornell
Aunque la votación representa un cuestionamiento público a la dirección universitaria, el Senado del Profesorado no tiene facultades para remover al presidente ni a otros integrantes de la administración.
La presidenta del Consejo de Administración, Anne Meinig Smalling, reconoció la indignación que existe en el campus y calificó la votación como una señal de que lo ocurrido con Jane Doe es inaceptable.
Sin embargo, reiteró el respaldo del consejo a Kotlikoff y a su equipo directivo, a quienes considera responsables de encabezar los cambios para atender el problema.
La moción tampoco establece un plan concreto de medidas ni recomienda destituciones. Su alcance es expresar la postura del profesorado y aumentar la presión sobre las autoridades universitarias.
Nueva York reabre la investigación sobre la denuncia
La controversia también llegó al Gobierno del estado de Nueva York.
La gobernadora Kathy Hochul cuestionó que la policía del campus no hubiera trasladado oportunamente a los fiscales las declaraciones de la joven. Por ello, encargó a la fiscal general estatal, Letitia James, intervenir como fiscal especial en la investigación.
El 4 de noviembre, James anunció que Jacqueline Kelly, exfiscal federal, encabezará el equipo encargado de revisar el caso. La investigación buscará examinar las pruebas disponibles y determinar si existen elementos para presentar cargos.
Por su parte, Cornell anunció medidas para modificar sus procedimientos, entre ellas permitir que las denuncias por delitos sexuales sean remitidas por defecto a la Policía estatal de Nueva York.
La universidad también inició una revisión independiente de su actuación y anunció cambios orientados a mejorar la seguridad en el campus y el apoyo a las personas que denuncien agresiones sexuales.
La votación del profesorado refleja que la respuesta institucional sigue bajo cuestionamiento. El desarrollo de las investigaciones y los cambios anunciados determinarán cómo Cornell enfrenta una crisis que ya involucra a sus autoridades, estudiantes y comunidad académica.
