La estrategia contempla fortalecer las policías locales, reforzar la presencia de la Guardia Nacional y combatir la extorsión. El Gobierno federal dio un plazo de un mes para presentar el plan y los recursos necesarios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves la elaboración de una estrategia para reforzar la seguridad en Morelos, ante el aumento de la violencia y los problemas de extorsión que enfrenta la entidad.
El plan contempla fortalecer las corporaciones policiales locales, incrementar el apoyo de las fuerzas federales y coordinar acciones para atender los delitos que afectan a los municipios del estado.
“Se va a trabajar con Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para poder hacer un plan para la policía de Morelos, además del reforzamiento de la Guardia Nacional”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Tras una reunión del Gabinete de Seguridad con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, Sheinbaum instruyó a las autoridades correspondientes a presentar, en un plazo de un mes, la estrategia y los recursos requeridos para ponerla en marcha.
Morelos tiene alrededor de mil policías estatales
La presidenta señaló que el diagnóstico de seguridad identifica limitaciones en la capacidad policial de Morelos. De acuerdo con las cifras que presentó, la entidad cuenta con aproximadamente mil policías estatales para atender sus 36 municipios.
Morelos se encuentra en la región central del país, colinda con la Ciudad de México y tiene cerca de dos millones de habitantes.
Como parte del despliegue federal, José Luis Rodríguez, enviado especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permanece de tiempo completo en Cuautla para coordinar las acciones de seguridad en el municipio.
Cuautla, punto de partida de la estrategia federal
Sheinbaum explicó que la intervención en la zona oriente de Morelos comenzó con un plan especial para Cuautla.
La estrategia se puso en marcha después de la detención, en mayo pasado, del alcalde Jesús Corona Damián, señalado por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la extorsión. Estas acusaciones deben distinguirse de una responsabilidad penal acreditada mediante sentencia.
El Gobierno federal busca ampliar las acciones de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones locales ante los delitos que afectan a la población.
Liberación de “El Güero Gym” genera cuestionamientos
La situación de seguridad en Morelos volvió al centro de la discusión pública esta semana tras la liberación de un presunto generador de violencia conocido como “El Güero Gym”.
De acuerdo con la información proporcionada por EFE, su liberación ocurrió a cambio de tres agentes estatales que habían sido retenidos por integrantes del crimen organizado. El caso provocó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y el funcionamiento del sistema de justicia.
Al ser interrogada sobre los hechos, Sheinbaum evitó una confrontación directa y sostuvo que “cada quien tiene que hacer su trabajo”. También subrayó que la prioridad de las autoridades debe ser la protección de la ciudadanía.
El asesinato de una estudiante española elevó la preocupación
Morelos también ha estado bajo la atención nacional por casos de alto impacto, entre ellos el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido en septiembre en Cuautla.
El caso se suma a las preocupaciones por la violencia en la región y refuerza la presión pública para que las autoridades mejoren las condiciones de seguridad.
La extorsión constituye otro de los principales desafíos para el estado. Según los registros oficiales citados en la información original, Morelos ocupa el primer lugar nacional en este delito.
El nuevo plan federal buscará responder a este escenario mediante el fortalecimiento de las policías locales, una mayor presencia de la Guardia Nacional y acciones contra la extorsión. Su alcance definitivo dependerá de la estrategia y los recursos que las autoridades presenten dentro del plazo establecido por la presidenta.
